La educación en CyT como derecho social en la economía del conocimiento

El pasado jueves por la tarde tuve la satisfacción de participar en la gran marcha de la comunidad universitaria, y educativa en general, por la defensa de la universidad y la educación pública.

Los recientes aumentos tarifarios y otros problemas económicos, junto con la difícil situación salarial y las dificultades en la negociación paritaria, están alarmando a todos, docentes, no docentes y alumnos, y ya se sabe que la comunidad educativa se hace escuchar desde siempre de esta manera, en la calle, masivamente, en todo el país, pacíficamente y con mucho ruido.

Lamentablemente, el ministro de educación y el presidente parecen no entender el contenido real de la protesta. El ministro Bullrich, lo dice explícitamente: “las 58 universidades públicas tienen plata para pagar la luz”, "no se entiende por qué se llegó a este nivel de conflicto. Nosotros hablamos de que se quiere crear una crisis donde no la hay". El Presidente ha declarado: “¿Qué es esto de hacer universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar...”.

En mi humilde opinión, creo que los marchantes del jueves por la tarde, hemos hecho un muy buen servicio al país, y también que las incomprensiones de las autoridades políticas son un enorme problema, sobre el cual deberían reflexionar. La gran manifestación podría ser un buen incentivo para eso.

Hace ya mas de 9 años publicamos, en colaboración con Nora Sabelli y Adolfo Nemirovsky, un artículo titulado "La Educación en Ciencia y Tecnología como Derecho Social en la Economía del Conocimiento". En ese artículo decimos que: "La penetración masiva de la ciencia, de la matemática y de las nuevas tecnologías en economías basadas en el conocimiento influye en la vida diaria y en el trabajo de todos los ciudadanos, no sólo en aquellos que contribuyen directamente a la creación de estas nuevas tecnologías. Toda la fuerza productiva de un país esta involucrada de manera directa o indirecta con los efectos de los nuevos conocimientos en la economía (ver, por ejemplo, el impacto de la computadora personal -que no existía hace 30 años- en todas las esferas laborales). En consecuencia, la economía del conocimiento implica que la educación en esas áreas equivale a un derecho social necesario para participar y contribuir a la vida ciudadana."

El jueves tuve oportunidad de recorrer las largas columnas de las muchas universidades que participaron, en especial observé y conversé mucho con estudiantes de las nuevas universidades del conurbano. Estudiantes albañiles, hijos y nietos de albañiles, estudiantes empleadas domesticas, hijas y nietas de trabajadores rurales, repositores de supermercado, estudiantes-trabajadores, hijos y nietos de trabajadores que difícilmente accedieron a la educación primaria. Universidades llenas de chicos de los barrios populares del gran Buenos Aires, pero también las grandes columnas de la UBA, más misturadas entre hijos de profesionales y de trabajadores. Hoy tenemos una gran universidad pública, mucho más parecida al país real que nunca antes, aún cuando el acceso este aún lejos de ser universal.

Se equivocan o no comprenden el ministro Bullrich y el presidente Macri. No sobran universidades, ni las hay por todas partes; no hay conflictos inventados, y es triste que el ministro de Educación diga que "alcanza para pagar la luz". Si en verdad se pretende que el país gane competitividad, exportaciones con valor agregado (o aún el objetivo menor de convertirnos en una suerte de "supermercado del mundo"), lograr inversiones productivas reales, e incluir al 30% de la población que está en la pobreza, entonces faltan universidades públicas y educación pública, y sobre todo educación media y universitaria en las provincias y localidades más pobres.

La economía del conocimiento no es un eslogan para nombrar una abstracción, es el nombre del desarrollo económico e industrial en este período histórico, por ese motivo dijimos en el título del artículo que la educación en ciencia y tecnología es un derecho social, hace casi 10 años.

Precisamente ese es el significado de la gran marcha, se equivoca quien crea que se trata de un tema salarial o presupuestario, ni de la defensa de privilegios (un docente universitario gana menos que un trabajador camionero, sin que esto sea un juicio de valor), ni las universidades argentinas disponen de lujo alguno. Se trata de decenas de miles de jóvenes que aspiran a una vida digna en la sociedad del conocimiento, docentes que pretenden seguir formando a estos jóvenes, investigando, generando iniciativas pocas veces vistas en la historia educativa argentina.

Esos son los derechos que se perciben en peligro: las medidas concretas y los discursos que salen del gobierno y de los medios de comunicación más importantes, cuestionan a las universidades públicas identificándolas con la corrupción por una parte, con la ineficiencia por la otra; ambas falsas, aun cuando puede haber partes de verdad en las dos.

Espero que el gobierno reflexione y deje de ajustar y denigrar a la universidad pública. La universidad pública es la única explicación de los logros científicos y tecnológicos de un país, que salvo raros períodos, por lo demás se dedicó a destruir, expulsar y perseguir a sus mejores intelectuales durante décadas.

Nadie lo dude: si hay algún futuro posible y digno para este país en la era del conocimiento, ese futuro incluye en su núcleo más duro a la universidad junto a todo el sistema público de educación.

Es necesario entonces fortalecer la instituciones públicas de educación, aumentar todos sus presupuestos, jerarquizar la profesión docente (con mejores salarios, más derechos y más obligaciones), crear nuevas escuelas y universidades donde haga falta, garantizar el acceso a través de becas, generar un sistema de evaluaciones y auto evaluaciones institucionales compatible con alcanzar los objetivos del desarrollo de la sociedad del conocimiento.