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Esta semana el mundillo de las telecomunicaciones y el de la política en general se vieron sacudidos por una noticia que, tal como fue planteada, era falaz: la privatización de Arsat. Todo se originó por la filtración de un documento llamado “privatización-de-ARSAT.pdf”, denotando claramente las intenciones de quien lo filtró. Pero esto no debería llamar la atención, ya que estamos en período de campaña electoral y todo suma.

En realidad, no se trata de un intento de privatización como se dijo originalmente sino de la firma de una carta de intención para la eventual conformación de una asociación o joint venture entre el operador nacional estatal Arsat y la norteamericana Hughes para el lanzamiento de uno o más satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. La nueva empresa que surja de esta asociación se denominaría Newco. El mismo documento refiere al primer satélite a lanzar como el Arsat-3. En otras palabras, no se trata de privatizar Arsat sino de que se asocie para llevar adelante el lanzamiento de éste y, eventualmente, otros satélites. Un típico caso de una asociación pública-privada.

El documento establece que Hughes tendrá como mínimo un 51% de Newco y que Arsat como máximo un 49%. Y es en función de esta relación accionaria que se repartirán costos e ingresos. En términos de costos, inicialmente los más relevantes son los de la construcción y puesta en órbita del satélite, que Arsat estima en US$ 230 M, y los de los gateways (equipamiento terrestre), estimados por Hughes en US$ 50 M. Esto no implica, como afirmaron diversos medios, que Arsat deba erogar US$ 230 M y Hughes US$ 50. Estos costos serán financiados por Newco, en la proporción que le toque a cada socio, aún en caso de que se acceda a financiamiento de terceros.

Por otra parte, el documento afirma que la provisión y manufactura del Arsat-3 quedará en manos del INVAP, lo que seguramente es una buena noticia no sólo para esa empresa sino también para todo su ecosistema de proveedores. La operación del satélite será provista por Arsat, aportando tanto sus instalaciones como su personal, así como su fibra óptica y su datacenter. Adicionalmente, Arsat se ocupará de obtener la posición orbital (que todavía se negocia con la UIT) y todas las autorizaciones necesarias para que el satélite opere en el país. Hughes por su parte proveerá el equipamiento de red terrestre. Los costos de estos aportes serán acordados entre las partes. Adicionalmente, el acuerdo prevé el desarrollo de un plan de negocios a 15 años (equivalente a la vida útil de un satélite) y contempla la posibilidad de desarrollar otros satélites más allá del Arsat-3.

Desde el punto de vista técnico, el Arsat-3 sería totalmente distinto del 1 y el 2, tanto en la tecnología de comunicaciones como en la banda a utilizar. La intención es que sea un satélite operando en banda Ka con tecnología HTS (High Throughput Satellite o satélite de alto rendimiento). Esto es relevante en términos de capacidades ya que implica un salto similar al que se dio en comunicaciones móviles al llegar a 4G o en las fijas al hacerlo a la fibra óptica, con el agregado de una reducción del costo por bit muy significativa.

Actualmente, una conexión satelital a Internet puede costar alrededor de US$ 1.000 mensuales por 2 Mpbs. Con la combinación banda-tecnología prevista para el Arsat-3 existen ya productos de 25 Mbps por menos de US$ 100 (según los precios publicados por la misma Hughes en EE.UU. o Quantis en España, así como DirecTV en su producto experimental en Argentina). Como resultado, se hacen viables segmentos de mercado que hasta ahora no lo eran, principalmente el residencial y PyMEs en áreas no atendidas por las redes terrestres, como las rurales, o subatendidas, como en diversas áreas suburbanas en todo el país.

Si bien es claro que no se trata de una privatización sino de una asociación, algunos afirman que este pre acuerdo va en contra del art. 10 de la ley 27.208 (de Desarrollo de la Industria Satelital), aprobada en noviembre de 2015. El mismo dice: “Cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las TIC… que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”. No obstante, al no ser una venta sino una asociación, Arsat seguirá siendo dueño de los activos que aporte a la futura empresa, incluyendo a la posición orbital a obtener.

Quizás lo más relevante del revuelo que causó esta intención de asociación de Arsat es que da lugar a una discusión de fondo apasionante. Por un lado, están los que quieren privilegiar la soberanía tecnológica nacional, sin considerar la falta de recursos propios y de acceso a financiamiento y propiciando el cierre de los cielos al ingreso de operadores extranjeros para que no haya competencia. El foco puesto en la industria. Por el otro, los que prefieren que el acceso llegue a todos los más rápido posible, con sus beneficios económicos y sociales, sin importar si esto implica asociarse al capital privado o abrir los cielos bajo modelos de reciprocidad para que crezca la oferta y haya competencia. El foco puesto en los usuarios. Un debate de fondo que se enmarca dentro de la tendencia política global actual, donde la diferencia ideológica entre derecha e izquierda se hace cada vez más difusa al tiempo que aflora con más nitidez la división entre nacionalistas y globalizados. Esta es la discusión profunda que, lamentablemente, no se da.

(*) Enrique Carrier: Analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Además, es el editor de “Comentarios”, el newsletter semanal y blog de Carrier y Asociados